La limitación de compra de viviendas por extranjeros en Baleares y Canarias ha vuelto a ser tema de debate. La propuesta buscaba frenar el aumento de precios, proteger el acceso a la vivienda para residentes y evitar que el mercado inmobiliario siga dominado por compradores no residentes.
En Baleares, el 39 % de las compraventas de 2021 fueron realizadas por extranjeros, muchas de ellas destinadas al alquiler turístico. Esta presión ha disparado los precios y ha dejado fuera del mercado a miles de ciudadanos locales. La situación es similar en Canarias, donde la escasez de suelo y la alta demanda externa han encarecido aún más la vivienda.
Algunos países europeos ya han puesto límites. El caso de las Islas Åland (Finlandia) demuestra que, con respaldo legal, se pueden establecer normas que prioricen a la población local sin cerrar la puerta a la inversión extranjera.
Desde Gestoría Montero, expertos en asesoría legal e inmobiliaria, recordamos que cualquier limitación debe respetar el marco legal europeo. Aun así, sí es posible estudiar soluciones adaptadas a la realidad insular, donde el desequilibrio entre oferta y demanda es más evidente.
Proteger el acceso a la vivienda no es incompatible con atraer inversión. El reto está en diseñar políticas equilibradas que garanticen el bienestar de los residentes sin frenar el desarrollo económico.
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